La administración pública y la Responsabilidad Social Corporativa

En muchas ocasiones, las Pymes consideran que los temas de RSC son más bien propios de grandes corporaciones con departamentos dedicados y, dicho sea de paso, no siempre son vistos con buenos ojos ni gozan de la credibilidad suficiente. Las administraciones públicas, por su gran capacidad de acceso a las Pymes, pueden y deben convertirse en los grandes “empujadores” de la aplicación de estas estrategias, mediante la inclusión de criterios ambientales y sociales en sus contratos de suministro. En particular, se debería exigir a los proveedores estar comprometidos con la gestión medioambientalmente responsable mediante el uso de sistemas de gestión homologados, tipo ISO 14001 o EMAS, la adhesión a los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, u otros. En otro orden de cosas y en igualdad de otras condiciones, como calidad o precio, naturalmente, favorecer las compras a los proveedores locales. La calidad y el precio son dos condicionantes medioambientalmente muy relevantes pues tienen que ver con la eficacia uno y con la eficiencia el otro, en la asignación de recursos.

En esta línea, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente la creación del distintivo de Empresa Socialmente Responsable, mediante lo cual pretende otorgar un valor añadido al esfuerzo que las empresas madrileñas hacen a favor de su entorno y de las personas, promoviendo la adopción voluntaria de políticas de RSC en cualesquiera de sus dimensiones, social, económica y/o medioambiental.

Podrán obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable de la Comunidad de Madrid empresas de cualquier tamaño y actividad, incluidos los trabajadores autónomos que, teniendo su sede social o desarrollando su actividad en el territorio de la Comunidad, reúnan las condiciones y requisitos previstos en el decreto.

Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid está alineada con la opinión de tantos y tantos expertos en el área, de que la aplicación de políticas y criterios de RSC es conditio sine qua non para el éxito de las organizaciones en el medio plazo, puesto que cada vez son más los consumidores de los productos y servicios, en último término, los ciudadanos, que exigen que las mismas obtengan y compartan beneficios, no sólo financieros.

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Medio Ambiente y RSC

De los tres aspectos que contempla la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el medioambiental es quizá al que menos atención se le presta. Quizá al no estar incluido en el nombre, da la sensación de que los temas sociales, los relacionados con los derechos humanos y las prácticas laborales, los temas de igualdad de género o aquellos relacionados con los consumidores y la sociedad en general, son más relevantes y generan una mejor reputación de las organizaciones y, por tanto, éstas les dedican sus mayores esfuerzos.

Además, la aplicación de los criterios medioambientales muchas veces precisa de reingeniería de procesos, por lo que su implantación suele ser costosa.

Contabilizando los criterios medioambientales que imponen o sugieren las asociaciones de normalización o de otro tipo que publican regulaciones en materia de RSC, se puede constatar un hecho y es que apenas llegan al 40%, siendo en uno de los casos, inexistentes (Tabla 1).

Tabla 1: Proporción de criterios medioambientales para diferentes modelos de análisis de la RSC. (Elaboración propia)

 

Organización/Norma Criterios MA Resto de Criterios
Global Reporting Initiative (GRI) 38% Economía, derechos humanos, prácticas laborales, productos y sociedad
Pacto Mundial de NNUU 30% Derechos humanos y prácticas laborales
Social Accountability SA8000 0% Prácticas laborales
UNE-ISO 26000 14% Derechos humanos, prácticas laborales y consumidores
SGE 21 11% Alta dirección, clientes y proveedores, derechos humanos, y otros

 

De otra parte, un Plan Ambiental (PA) es la herramienta a través de la cual una organización se compromete a gestionar los impactos medioambientales negativos producidos por su actividad, de manera que se consiga su eliminación o minimización.

Generalmente un PA, visto desde la perspectiva de la empresa, persigue satisfacer uno o varios requisitos de la administración, por lo que, en general, no se elabora teniendo en cuenta criterios de RSC. Precisamente, una de las características inherentes a la RSC es la voluntariedad de su aplicación y declaración, lo que le confiere en cierto sentido, mayor credibilidad. Además, se da la circunstancia de que con bastante frecuencia son varias las administraciones competentes en materia de medio ambiente, lo cual complica notablemente el asunto.

Dichos impactos medioambientales negativos incluyen a los residuos y vertidos, los consumos de agua, energía y materias primas, la contaminación atmosférica y el ruido, el impacto sobre la biodiversidad y otros. Los trámites y la documentación que hay que mantener actualizada son de muy diverso tipo, entre otros: la Autorización Ambiental Integrada o la Licencia Ambiental, la Evaluación y Declaración de Impacto Ambiental, el Plan de Vigilancia Ambiental, etc.

Si a estas circunstancias añadimos que hay empresas que tienen su Sistema de Gestión Ambiental certificado según alguna norma, nos encontramos con que el trabajo que hay que dedicar a los asuntos relacionados con el medio ambiente es ímprobo, sin contar con que muchas veces, las personas o departamentos que se ocupan de estos temas también lo hacen de la gestión de la calidad y de la prevención de riesgos laborales.

Una vez establecido el contexto, haremos un pequeño análisis de algunos criterios medioambientales que se pueden incluir en un Plan Ambiental, aunque no todos sean obligatorios. En la Tabla 2 se presentan algunos de los más relevantes de las distintas Organizaciones o Normas.

 

Tabla 2: Algunos criterios medioambientales para diferentes modelos de análisis de la RSC (Elaboración propia)

 

Organización/Norma Algunos criterios medioambientales
Global Reporting Initiative (GRI) Inventario de materiales utilizados
Impactos producidos sobre la biodiversidad
Pacto Mundial de NNUU Formación y sensibilización en materia de medio ambiente
Uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente
UNE-ISO 26000 Prevención de la contaminación 
Mitigación del cambio climático
SGE 21 Programa de gestión ambiental
Elaboración del Plan de Riesgos

 

 

  1. Inventario de materiales utilizados. El PA debería incluir información sobre la cantidad de materias primas que se convierten en un producto o servicio, incluyendo materiales auxiliares y de embalaje. Asimismo debería contabilizarse la cantidad de materiales no renovables a corto plazo, pero no el consumo de energía, que cuenta con un indicador específico en la guía GRI.
  1. Impactos sobre la biodiversidad. La protección de la biodiversidad es importante en tanto en cuanto constituye la base del ecosistema, fuente principal de los recursos naturales que están al alcance de la organización. Por eso es obligación de la misma la prevención, gestión y restauración de posibles daños en los hábitats naturales, aspectos que se contemplan en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, y que constituyen una parte muy importante de cualquier Plan Ambiental.
  1. Formación en materia de medio ambiente. La formación del personal favorece el enfoque preventivo para evitar causar daños al medio ambiente, lo que siempre resulta más rentable económica y socialmente para la organización. Aunque este aspecto no es de obligada presencia en un PA, sí lo es en la norma UNE-EN ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental. Precisamente el enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente es uno de los diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
  2. Tecnologías respetuosas con el medio ambiente. En palabras de la Agenda 21, este tipo de tecnologías son las que “protegen el medio ambiente, contaminan menos, utilizan los recursos de una forma sostenible, reciclan más sus vertidos y productos y manejan los residuos de una manera más aceptable que las tecnologías a las cuales sustituyen”. Este conjunto de “compromisos” constituye un reto para las organizaciones pues abarca una serie de actuaciones que requieren, en general, de importantes esfuerzos económicos, al afectar al núcleo mismo de la organización.
  1. Prevención de la contaminación. Este criterio debe incluir las emisiones al aire, los vertidos al agua, la gestión de residuos, el uso y disposición de productos químicos tóxicos y peligrosos u otras formas identificables de contaminación, como ruidos, olores, radiaciones, etc. Estos aspectos suelen estar incluidos en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, por lo que también constituyen una parte muy importante de cualquier Plan Ambiental.
  2. Mitigación del cambio climático. Los gases de efecto invernadero (GEI) son los principales probables responsables de los diferentes efectos del cambio climático, según la norma UNE-ISO 26000. Un PA debería identificar y medir las fuentes directas e indirectas de GEI y proponer métodos para reducir sus emisiones y ahorrar energía donde sea posible dentro de la organización.
  3. Programa de gestión ambiental. El programa de gestión ambiental es similar al PA, pues su función es establecer “objetivos y metas medibles y coherentes con su compromiso ambiental […] con el objetivo de mejorar los impactos en el entorno producidos por sus actividades.” Por tanto, la organización que opte por el modelo SGE 21 para declarar su compromiso medioambiental ligado a la RSC, ya tiene parte del trabajo realizado.
  4. Elaboración del Plan de Riesgos. El Plan de Riesgos es similar al plan de prevención de la contaminación, incluido en la Evaluación de Impacto Ambiental. Adicionalmente se deben incluir “registros de casos de accidentes, incidentes y situaciones de emergencia, así como las medidas tomadas para su corrección y prevención.”

A modo de conclusión se podría decir que muchos de los criterios medioambientales incluidos en las diferentes políticas de gestión de la RSC, están completamente alineados con los Planes Ambientales que puedan declarar las organizaciones, aunque a otros hay que dedicarles esfuerzos específicos.

Desde luego, la supervivencia de las organizaciones en el medio plazo pasa por la incorporación a su sistema de gestión de todos los criterios de la Responsabilidad Social incluidos, naturalmente, los medioambientales.

Corrupción y Soborno

Hace varios días que quiero escribir un comentario sobre la manera que considero más adecuada para empezar a implementar los principios de la Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones. Hay varios estándares que se pueden usar, multitud de reglas, principios e indicadores, varios organismos certificadores y, en fin, una cantidad enorme de información que puede hacer que las empresas, sobre todo las más pequeñas, se acobarden y lo dejen pasar.

Había llegado a pensar que la aceptación de los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas sería una manera efectiva, sencilla y comprometida de tomar contacto con la RSC. De hecho, y cito literalmente, “El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas. Es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo.”

Dichos principios se asientan en bases tan generales como son:

  • La Declaración Universal de Derechos Humanos
  • La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo
  • La Declaración de Rio sobre Medio ambiente y Desatrrollo
  • La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

por lo que parecía un buen punto de entrada.

En estas me encontraba cuando veo la siguiente noticia aparecida recientemente en un digital:

“Las empresas del Ibex deberán informar de su política contra la corrupción y el soborno”

http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-07-16/las-empresas-del-ibex-deberan-informar-de-su-politica-contra-la-corrupcion-y-el-soborno_160641/

Entonces decido dejar todas las consideraciones anteriores para una próxima entrada, y hacer un breve comentario sobre el Principio 10:

“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”

Pues bien, resulta que este principio emana de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo texto fue negociado durante siete sesiones mantenidas entre enero de 2002 y octubre de 2003. Puesto que, en palabras de Global Compact: “La corrupción es uno de los mayores retos mundiales.  Constituye un obstáculo de primer orden para el desarrollo sostenible, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades pobres, siendo corrosivo para los cimientos de la sociedad. El impacto sobre el sector privado es también considerable – obstaculiza el desarrollo económico, distorsiona la competencia y representa serios riesgos legales y reputacionales”, parece que el Principio 10 ocupa ese número, pero no porque sea el menos importante, todo lo contrario.

¿Y, una década después, resulta que es noticia que las empresas del Ibex deberán informar sobre sus políticas contra la corrupción y el soborno? ¿Es que no lo hacían? Es obvio que disponían de ellas y que las aplicaban con rigor, pero ¿no informaban sobre ello?

Menos mal que hay empresas, muchas, que suscriben no sólo el Principio 10, sino también los otros nueve. Que se esfuerzan en aplicar los principios de la RSC a su esquema de gestión y, lo que es por lo menos igual de importante, que sienten el deseo y la necesidad de contárselo a sus grupos de interés.

Hasta la Iglesia Católica, indiscutible generador de opinión, lo tiene claro y lo manifiesta bien alto en la voz de Francisco:

“El empresario cristiano debe poner primero a la persona humana y al bien común”