En muchas ocasiones, las Pymes consideran que los temas de RSC son más bien propios de grandes corporaciones con departamentos dedicados y, dicho sea de paso, no siempre son vistos con buenos ojos ni gozan de la credibilidad suficiente. Las administraciones públicas, por su gran capacidad de acceso a las Pymes, pueden y deben convertirse en los grandes “empujadores” de la aplicación de estas estrategias, mediante la inclusión de criterios ambientales y sociales en sus contratos de suministro. En particular, se debería exigir a los proveedores estar comprometidos con la gestión medioambientalmente responsable mediante el uso de sistemas de gestión homologados, tipo ISO 14001 o EMAS, la adhesión a los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, u otros. En otro orden de cosas y en igualdad de otras condiciones, como calidad o precio, naturalmente, favorecer las compras a los proveedores locales. La calidad y el precio son dos condicionantes medioambientalmente muy relevantes pues tienen que ver con la eficacia uno y con la eficiencia el otro, en la asignación de recursos.
En esta línea, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente la creación del distintivo de Empresa Socialmente Responsable, mediante lo cual pretende otorgar un valor añadido al esfuerzo que las empresas madrileñas hacen a favor de su entorno y de las personas, promoviendo la adopción voluntaria de políticas de RSC en cualesquiera de sus dimensiones, social, económica y/o medioambiental.
Podrán obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable de la Comunidad de Madrid empresas de cualquier tamaño y actividad, incluidos los trabajadores autónomos que, teniendo su sede social o desarrollando su actividad en el territorio de la Comunidad, reúnan las condiciones y requisitos previstos en el decreto.
Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid está alineada con la opinión de tantos y tantos expertos en el área, de que la aplicación de políticas y criterios de RSC es conditio sine qua non para el éxito de las organizaciones en el medio plazo, puesto que cada vez son más los consumidores de los productos y servicios, en último término, los ciudadanos, que exigen que las mismas obtengan y compartan beneficios, no sólo financieros.
onvención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo texto fue negociado durante siete sesiones mantenidas entre enero de 2002 y octubre de 2003. Puesto que, en palabras de Global Compact: «La corrupción es uno de los mayores retos mundiales. Constituye un obstáculo de primer orden para el desarrollo sostenible, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades pobres, siendo corrosivo para los cimientos de la sociedad. El impacto sobre el sector privado es también considerable – obstaculiza el desarrollo económico, distorsiona la competencia y representa serios riesgos legales y reputacionales», parece que el Principio 10 ocupa ese número, pero no porque sea el menos importante, todo lo contrario.
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